Los medios de comunicación nos muestran regularmente el drama de la migración forzada. Se caracteriza por imágenes sangrientas de tragedias como los migrantes en la frontera de Polonia y Bielorrusia, personas afectadas por desastres ambientales como los del delta del Níger, caravanas de migrantes que cruzan desiertos hacia ninguna parte, personas muertas que intentan cruzar el mar Mediterráneo o el hacinamiento de migrantes en los centros de detención. Sin embargo, estos medios olvidan que las causas de la migración forzada comienzan en los escritorios de los responsables políticos, económicos y financieros. Este artículo tiene como objetivo visualizar el contexto internacional del continente africano, que permite inversiones a favor de un supuesto desarrollo pero que terminan con la expulsión de millones de personas de sus hogares y comunidades.
Hay varios hechos relevantes que han convertido a África en objeto de la codicia de los países ricos, como el hecho de que el continente tiene un tercio de las reservas minerales del mundo o que África tiene al menos la mitad de las tierras cultivables del mundo. Además, en términos de población, África es un continente joven con más de 1.200 millones de personas, y para el 2050 habrá casi 2.000 millones de personas, lo que convierte a África en un continente con un potencial de consumo que permite la expansión asegurada de los principales países del planeta. economías.
Frente a estas cifras tan generales, la lógica capitalista quiere hacerse sentir en África y aporta soluciones desde las oficinas de inversores y ETN para mejorar la producción y paliar la pobreza, pero sin tener en cuenta a las personas y sin respetar los derechos de las comunidades locales. Para la lógica capitalista, los únicos objetivos son acabar con la agricultura familiar y de subsistencia, crear infraestructura y hacer que África forme parte de las grandes economías de mercado.
La Organización Internacional para las Migraciones identifica la migración forzada como movimientos migratorios causados por una serie de circunstancias no voluntarias, como el escape de la persecución, los desastres naturales y provocados por el hombre, la degradación ecológica u otras situaciones que amenazan su existencia. Y esa migración forzada se clasifica en tres categorías: las provocadas por conflictos, las provocadas por desastres naturales y las provocadas por el desarrollo económico.
El último tipo de migración forzada, irónicamente, se origina en el desarrollo económico emprendido por grandes empresas y consentido por los líderes políticos y administrativos de los países afectados. Este tipo de migraciones forzadas no solo es provocado por megaproyectos de infraestructura, sino también por la ubicación de determinadas empresas, empresas de extracción de minerales o petróleo, o empresas agrícolas en el sitio ocupado por una población o una comunidad. Las actividades de estas empresas acaban destruyendo el medio ambiente y la vida socioeconómica de la población y se ven obligadas a marcharse en busca de pastos más verdes.
Pero, ¿cómo es posible que las actividades de las ETN ( fondos de inversiones) provoquen tal desplazamiento forzado de poblaciones cuando, de hecho, vienen con promesas de mejores condiciones de vida para la población?
África está atravesada por una multitud de acuerdos políticos y económicos multilaterales que favorecen el establecimiento de ETN. Los acuerdos políticos facilitan la inversión de países ricos inversionistas al brindarles a las empresas condiciones económicas ventajosas, así como la posibilidad de operar en el país sin rendición de cuentas, con ventajas fiscales, y con dudosa transparencia de los beneficios recibidos e impunidad en la ejecución de los proyectos. Lamentablemente, cuando estos tratados se centran en el aspecto comercial, los derechos de las personas se olvidan y conducen a la destrucción de los medios de vida tradicionales y abren la puerta a la privatización de empresas públicas.
Las empresas transnacionales se están estableciendo en África desde hace décadas y son responsables del saqueo continuo que sigue sufriendo la población africana. Estamos, por tanto, ante un nuevo colonialismo ejercido por ETN protegidas por tratados comerciales y que están provocando migraciones forzadas. Por tanto, poner fin a la migración forzada requiere la inclusión en el escenario mundial de acuerdos vinculantes y firmemente orientados a proteger los derechos humanos de los pueblos y sus comunidades. Además, mientras no se resuelvan los problemas estructurales de corrupción en los países donde se cometen violaciones de derechos humanos y se permita que continúe la impunidad de las ETN, solo cabe esperar que la situación empeore.
África tiene el potencial y la capacidad de desarrollo en sí misma y no debería depender de acuerdos políticos y económicos que limiten su libertad. Estos problemas requieren coherencia legislativa interna dentro de los países africanos, además de limitar los acuerdos políticos internacionales que sirven como coartada y marco legal permisivo para la actividad económica de las grandes empresas. La migración forzada seguirá causando daños irreparables a los países africanos ellos mismos si no protegen a sus poblaciones y dejan salir a personas capacitadas con capital cultural y humano.
Finalmente, creo que los mecanismos legales existentes que podrían ayudar a controlar el comportamiento de las grandes empresas y el respeto a los derechos humanos son insuficientes. Los Principios Rectores de las Naciones Unidas para las Empresas y los Derechos Humanos, así como las directrices generales de la OCDE para las empresas, son de naturaleza voluntaria. Por tanto, se requieren obligaciones directas por parte de las empresas y un reconocimiento legal expreso que permita la extraterritorialidad del derecho internacional para perseguir conductas que vulneren los derechos humanos y provoquen la migración forzada. Solo un compromiso solidario que ponga a las personas y las comunidades en el centro de los acuerdos políticos puede realmente aliviar la pobreza y restaurar el daño causado.
EPA / Dai Kurokava
José Luis Gutiérrez Aranda
| 2 de diciembre de 2021 | Justicia corporativa
Advocacy officer de la AEFJN
